Revista Cultura & Trabajo

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Edición Número 83 - Sección General

02 IX Congreso de la CGT. A tono con la coyuntura política y laboral


EN EL CONTEXTO DE UNA COYUNTURA POLÍTICA Y EN ESPECIAL LABORAL, NOVEDOSA Y ESPERANZADORA PARA LOS TRABAJADOres y el sindicalismo colombiano, se celebró el IX Congreso de la Confederación General del Trabajo (CGT). Sin lugar a dudas, el nuevo ambiente político y laboral generado por el gobierno de Juan Manuel Santos influyó en los programas y estrategias que se pusieron a consideración de los delegados asistentes al congreso. Esto se hace más evidente si se tiene en cuenta la estrecha relación y el respaldo dado por el Secretario General de la CGT, Julio Roberto Gómez, al vicepresidente Angelino Garzón.

El acto de instalación del congreso fue muy concurrido. La asistencia se corresponde, de un lado, con la naturaleza de esta organización sindical: una organización de trabajadores y de organizaciones sociales y con el respaldo de sus afiliados, en especial a su máximo dirigente, Julio Roberto Gómez. Y de otro lado, con el reconocimiento de diversos actores del mundo del trabajo y la política que se hicieron presentes: dirigencia sindical nacional e internacional, empleadores, gobierno, políticos y embajadores, entre ellos el de Estados Unidos.

La mesa que presidió el acto inaugural da cuenta del interés de los dirigentes de la CGT por relacionarse con los actores con los cuales se construye la agenda laboral nacional y global: el presidente y vicepresidente de la República, el ministro de la Protección Social, la presidenta de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y alta dirigente de la AFL-CIO, la presidente adjunta de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y Julio Roberto Gómez.

La inauguración del congreso dio la oportunidad al presidente de la República de reiterar su discurso de respeto al derecho de organización de los trabajadores, de su compromiso con la creación de trabajo formal y digno, y de la necesidad de tener una clase trabajadora bien remunerada, con condiciones dignas de trabajo y de vida. Igualmente aprovechó la ocasión para explicar en detalle los componentes del plan de acción al cual se comprometió con el presidente Barack Obama para agilizar el trámite de aprobación, en el congreso de Estados Unidos, del tratado de libre comercio (TLC). Sorprendió la sanción pública a la modalidad de vinculación laboral que usan los grandes almacenes con los empacadores, sanción y rechazo en la que se debería apoyar la dirigencia sindical para estimular el desmonte de esta forma de explotación de los y las jóvenes trabajadoras.

La inauguración también dio la oportunidad a la dirigencia sindical internacional, de reiterar su apoyo y solidaridad a los trabajadores. La presidenta de la CSA, Linda Chávez Thompon, también dirigente de la AFL-CIO, expresó su apoyo a los componentes del acuerdo Obama-Santos, y su deseo de que éste tenga aplicabilidad y que no sea un solo recurso discursivo, sin que ese apoyo signifique un respaldo al TLC Colombia-Estados Unidos. Solicita al gobierno de Colombia, además, que facilite la realización de una sesión especial sobre Colombia en el marco de la 100 Conferencia de la OIT, el próximo mes de junio, y que desde allí se consensúe una estrategia conjunta para colocar a Colombia en un escenario positivo de superación de los graves problemas laborales y de efectiva realización del trabajo decente, solicitud que apoya la CSI.

La delegada de la CSI aprovechó la ocasión para reiterar la agenda global que impulsa este centro mundial de los trabajadores: “En un contexto general de crisis los sindicatos son un instrumento fundamental para su superación y cualquier salida debe ser construida desde la presencia activa de los/as trabajadores/as y sus organizaciones”. Para la CSI la declaración de la OIT sobre la justicia social (2008), es un documento fundamental para enfrentar la crisis en la perspectiva de un desarrollo sostenible y socialmente equilibrado de la economía mundial. La CSI anuncia que continuará con su insistencia en la necesidad de dar cuerpo a una carta global para promover una actividad económica sostenible, que incorpore un capítulo sustantivo sobre las normas de la OIT y el programa de trabajo decente de la OIT, y que cuente con un mecanismo efectivo para su aplicación.

La CSI considera que los “gobiernos del mundo tienen ante sí un desafío esencial y es el de no seguir sacrificando a los sectores más vulnerables de la sociedad y para ello los Estados deben recuperar su papel en la promoción del empleo, del desarrollo productivo, de sistemas sociales de protección, porque es allí donde está la posibilidad de superación de esta crisis, sin que nos enfrentemos en el futuro a consecuencias sociales aun más catastróficas que las actuales”.

El lema que presidió el salón de plenarias del congreso muestra el enfoque político, programático y reivindicativo de la CGT en este momento histórico: un nuevo país, con igualdad, solidaridad, distribución equitativa, respeto de los derechos, transparencia, con reforma social agraria, infraestructura adecuada, con educación gratuita, sin trabajo infantil, con trabajo decente y con seguridad social y salud para todos.

Los elementos de análisis y propuestas puestos a consideración de delegados y actores políticos y laborales presentes, por el Secretario General en su discurso inaugural, fueron la guía de discusión y de definiciones del congreso. Un apretado resumen de ellos nos muestra una caracterización de la central y de sus banderas de lucha.

La CGT aspira a construir una Colombia más humana, más justa, más democrática, más incluyente, en la cual la paz sea el fruto de la justicia. Cree y practica la concertación y el tripartismo, haciendo una apuesta en grande por la concertación social. Por ello reitera que no se siente representada ni interpretada por las FARC y el ELN, y está convencida de que sus acciones perjudican a los sectores más empobrecidos de Colombia y que el único camino viable para la paz, es el diálogo, la movilización democrática y la lucha de masas en forma pacífica.

Expresa su preocupación por “el permanente empobrecimiento de la población, el aumento de las tasas de desempleo e informalidad, la ausencia de oportunidades para la juventud, la discriminación de las mujeres, el alto grado de marginación de los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes”. Repudia y califica como inaceptable que en “Colombia millones de personas se acuesten con hambre, se levanten con hambre y vivan en medio de toda clase de privaciones”, situación aberrante en un país que tiene de sobra para evitar que esto ocurra.

Para la CGT el futuro de las pensiones no está tan ligado al tema de la edad, en cambio aboga porque se ponga toda la atención en aumentar el número de aportantes a los regímenes pensionales, para responder así a la solidaridad generacional, dado que, con una tasa de informalidad superior al 50%, una tasa de desempleo por encima de los dos dígitos y con precariedad laboral generalizada, ningún sistema resulta viable. Propone construir un sistema de previsión pensional de pilares, donde coexistan el sistema de prima media con el de ahorro individual. Invita a reflexionar sobre la refundación del ISS y de las instituciones de previsión social públicas que fueron eliminadas.

Para la CGT las víctimas de la violencia no son solo individuos, también lo son las organizaciones sociales: comunidades de campesinos empobrecidos, grupos étnicos, sindicatos y organizaciones políticas. Todas ellas “perdieron líderes, bienes y espacios colectivos... por ello debe fortalecerse el concepto de reparación colectiva, para que a través de políticas integrales se promuevan procesos de desarrollo de las regiones y de las organizaciones sociales. Por ejemplo, el fortalecimiento de liderazgos, el reconocimiento de las organizaciones sociales como instituciones fundamentales para la democracia, la inversión en proyectos de desarrollo para la reconstrucción del tejido social de las poblaciones”.

La CGT aboga porque “en los planes de desarrollo nacional y territorial, se incluyan incentivos a la recuperación de memoria colectiva de los pueblos arrasados, y se expidan normas como estatutos de la oposición para las organizaciones políticas que les garantice su accionar electoral” y para los trabajadores y el sindicalismo, un estatuto del trabajo y medidas de reparación por la pérdida de “sus líderes por el asesinato, las desapariciones, los secuestros, el desplazamiento y el exterminio de cientos de organizaciones a lo largo y ancho del país”.

En el marco de políticas y programas de responsabilidad social empresarial es deseable que en la totalidad de las empresas públicas y privadas se den las facilidades y garantías para que los trabajadores se puedan organizar en sindicatos y acceder a la negociación colectiva sin el temor a perder sus empleos.

La CGT es consciente de que el mundo hoy vive en un marco de globalización que concentra y excluye, y nos conduce necesariamente a unas relaciones de intercambio que no podemos evadir, no nos podemos aislar; sin embargo, afirma categóricamente que los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales con países industrialmente desarrollados, deben considerar no solo el respeto a la libertad sindical y los derechos humanos, sino también contemplar las asimetrías existentes entre los países desarrollados y los que no, como el nuestro.

Los delegados sesionaron en 19 comisiones temáticas, con ponencias para cada una, en correspondencia con las nuevas responsabilidades que tendrán los nuevos cargos en el Comité Ejecutivo.

Reforma estatutaria

Destacamos por su efecto en la estructura y en la forma de operación, los cambios en el estatuto de la confederación, que fueron de tal magnitud que se adoptó un nuevo estatuto en lugar de discutir y aprobar cambios puntuales al estatuto anterior.

Los puntos centrales de cambio

Se abandona la concepción de central sindical unitaria, valga decir, con una sola personería jurídica y expresiones regionales bajo la figura de seccionales y se retorna la figura de confederación, que implica la asociación de federaciones sindicales regionales y de rama. En adelante las subdirectivas o seccionales de la CGT, tendrán su propia personería jurídica y por tanto serán organizaciones con plena con autonomía administrativa y financiera.

Se amplía el tipo de organizaciones que pueden hacer parte de la confederación al dar cabida a organizaciones indígenas, afrodescendientes, y de pensionados. De hecho se dio un cupo a los indígenas en el Comité Ejecutivo y se creó la Secretaría de Pensionados, con lo cual se refuerza la naturaleza de organización del mundo del trabajo o de asociación de organizaciones sociales en la CGT, y se asemeja a las primeras organizaciones de los trabajadores en el país, que eran ante todo organizaciones de masas, más que de proletarios o asalariados.

Se amplía el Comité ejecutivo de 30 miembros principales a 45 y se adicionan 25 adjuntos, más los dos integrantes de la comisión de reclamos. Con ello pareciera pretenderse una representación tan amplia que diera cabida a todas las aspiraciones regionales, sectoriales y poblacionales y con ello buscar el mayor consenso y gobernabilidad.

El Comité Ejecutivo ya no se reunirá cada 60 días, sino cada 90. En cambio, la mesa ejecutiva tendrá reuniones quincenales. Esta periodicidad de sus reuniones, más su ampliación a 15 miembros, da a entender que la vida cotidiana de la confederación será más dinámica que la del propio Ejecutivo.

Se da mayor fuerza a la representación de las mujeres en la central, al estipularse que las delegaciones a los congresos deberán procurar una representación hasta del 50% de mujeres, sin que pueda ser inferior al 30%. En el Comité Ejecutivo la representación femenina será del 30% y la jóvenes del 10%.

El cargo de mayor responsabilidad, y sobre el que recae también el mayor liderazgo, ya no se denominará Secretaría General sino Presidente, con ello se acogen a la costumbre presidencialista local y se abandona la europea, y la de las CGT en el mundo.

Para fortalecer las finanzas de la central, se estipula estatutariamente que quienes reciban compensaciones económicas por su participación en entidades en representación de la central, deberán aportar el 30% de ellas, quienes no lo hagan perderán el derecho a futuras postulaciones.

Se modifica el sistema de cotización a la confederación: en adelante las organizaciones filiales pagarán una cuota única anual por trabajador afiliado correspondiente a un día de salario devengado. Se establece una cotización menor para las organizaciones de informales, comunales, cooperativas e indígenas; su aporte ordinario anual será el 50% de un día de salario mínimo legal. La confederación retornará a las seccionales y a las federaciones de rama, el 30% de lo recaudado.

Se amplía la representación a los congresos de la federación de acuerdo con el número de cotizantes, y tendrán representación tanto las organizaciones de primer grado como las de segundo, lo cual implica una asistencia muy amplia a los congresos.

En la sesión final del congreso se eligió, el Comité Ejecutivo por aclamación y se avaló a su presidente para firmar un acuerdo laboral en el marco del Plan de Acción convenido entre los presidentes Santos y Obama

Autor: Luis Norberto Ríos Navarro

Publicado el (día/mes/año): 26/05/2011


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