Revista Cultura & Trabajo

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Edición Número 61 - Sección General

Crisis humanitaria del sindicalismo colombiano


El título del texto impone a éste un derrotero muy claro: en él se indagará por el significado que se atribuye a la expresión crisis humanitaria del sindicalismo colombiano y se precisarán los elementos que comporta esta crisis. Se debe advertir que este derrotero puede generar confusión, pues para la mayoría de los puristas del derecho resulta hiperbólico y exagerado incluir la situación de la violación de los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados de Colombia en las categorías asignadas por el sistema internacional de derechos humanos.

Sabemos que la situación del sindicalismo colombiano no evoca ni iguala a los campos de concentración y las muertes producidas en ellos; tampoco alude a la imagen de los desplazados, los refugiados, los pueblos incendiados, las hambrunas generalizadas y los bloqueos de ciudades producidos en los momentos bélicos y postbélicos de las viejas y nuevas guerras. En este sentido, y pasando por alto la rigurosidad pura del sistema jurídico internacional, lo primero que habría que decir es que con la tesis de la crisis humanitaria del sindicalismo colombiano simplemente se pretende nombrar la violación sistemática, selectiva, extendida en el tiempo y con impunidad de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados y de sus organizaciones en Colombia.

Jurídicamente resulta forzado incluir a los 1.954 sindicalistas asesinados en Colombia en los últimos 12 años dentro de la categoría de crisis humanitaria, que subyace a las clasificaciones tradicionales del sistema internacional. Pero al mismo tiempo, es ético y políticamente válido recurrir a este concepto para denominar prácticas y procesos históricos de exterminio, que incluso se asemejan a los rasgos generales del genocidio. Por ello, desde una postura esencialmente ética y política —y para nada jurídica—, nos atrevemos a señalar, incurriendo posiblemente en una inflación conceptual, que los 1.954 sindicalistas asesinados, los 2.233 sindicalistas amenazados de muerte, los 112 desaparecidos, los 140 secuestrados y los 1.200 trabajadores desplazados, evidencian una situación en la cual lo imposible en términos jurídicos se ha hecho posible en términos políticos; y lo impensable en términos políticos, se ha convertido en realidad.

El uso ético y político del concepto de crisis humanitaria no es, por tanto, ingenuo o inocente. Con él se pretende, como en la mayoría de los casos en que se decreta una crisis humanitaria, atraer la atención, la actuación y la solidaridad del público y de lo público y, claro está, promover la cooperación internacional y exigir la reparación a las víctimas. Además, con el uso del concepto se pretende llamar la atención sobre dos aspectos: el primero señala que la crisis del sindicalismo colombiano no remite a la existencia de una violencia difusa e indiscriminada, como se pretende mostrar para ocultar la real dimensión del problema; se trata, por el contrario, de una crisis marcada por las violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos humanos de los trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que corrobora la fragilidad de nuestra democracia y la distancia que existe entre ese país formal, que consagra el derecho fundamental a la asociación sindical, y ese país real donde se violan permanentemente los derechos de los sindicalistas, pues se asume que ellos son una amenaza para el orden económico y político.

El segundo aspecto señala que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales, aunque ellas ocurran en el contexto de la guerra y sean cometidas, en la mayoría de los casos, por alguno de los actores de la guerra. Con esta idea se pretende cuestionar este tipo de análisis y reducir el problema de la crisis del sindicalismo colombiano a la existencia de un país en guerra. Pero en sentido estricto, la mayoría de asesinatos, amenazas, secuestros y desplazamientos forzados de trabajadores colombianos se han realizado en momentos y contextos marcados por el aumento de sus reivindicaciones laborales; ellos no son víctimas casuales o colaterales del conflicto armado. En Colombia la guerra y los actores armados funcionan como procesos o instituciones paralelas e ilegales de regulación del conflicto laboral.

Para finalizar este conjunto de aclaraciones preliminares es importante anotar que el uso que hacemos del concepto de crisis humanitaria no pretende señalar un punto límite en una coyuntura política particular y ahistórica, por el contrario, nuestra intención es señalar que la crisis humanitaria de hoy es el reflejo de un proceso histórico marcado por la persistente y sistemática vulneración de los derechos de los trabajadores, pues tan antigua como la historia sindical colombiana es el recurso de la utilización de las armas para acallar a los líderes de las organizaciones de trabajadores; y que tan variados son los responsables de esta sangrienta tradición como diversos han sido los grupos de poder en el país.

Nuestro propósito es señalar que la existencia de la crisis humanitaria es el resultado de la prolongación en el tiempo de la violación a los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados. Y esto evidencia, entre otras cosas, la incapacidad histórica del Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad sindical; además, que en la coyuntura actual esta crisis está marcada por la agudización de algunas de las violaciones a la vida y a la integridad de los sindicalistas, por la legititimación gubernamental de una cultura antisindical que desconoce a los trabajadores como interlocutores válidos para la acción política, por la aplicación de medidas legales que restringen la posibilidad de ejercer
los derechos laborales y sindicales (por ejemplo la reforma laboral y los decretos de excepción), y por la ausencia de espacios de concertación entre empresas y sindicatos.

La presencia de la guerra como una experiencia histórica de la que todo parece derivar y la existencia de una cultura antisindical que atraviesa la historia del sindicalismo colombiano, obliga a realizar una nueva lectura a la situación de violación de los derechos humanos de los trabajadores. Y es aquí, precisamente, donde apelamos al concepto de crisis humanitaria para denominar un conjunto de procesos particulares y heterogéneos que abarcan, de manera genérica, dos aspectos que se coimplican y dan forma a un panorama actual del movimiento sindical en Colombia: la guerra y la existencia de una profunda cultura antisindical.

Directa o indirectamente, las variaciones que presentan las cifras sobre violación a los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados en el país están determinadas por los cambios en los escenarios y por los desarrollos del conflicto armado — la guerra—, por la aplicación de políticas económicas que restringen o anulan derechos laborales y sindicales, y por la existencia de una cultura antisindical que sigue catalogando a los sindicalistas como simpatizantes o connaturales a los grupos insurgentes.

Las organizaciones paramilitares y en algunos casos las organizaciones guerrilleras, se han convertido en un conjunto de instituciones que regulan, por la vía de la coerción, los conflictos laborales del país. Esto explica el porqué los métodos, las formas de acción y los eventos que caracterizan la violación de derechos humanos y laborales de los sindicalistas colombianos se asemejan, vinculan y articulan con los métodos, formas de acción y eventos propios del conflicto armado. En este sentido, los homicidios, las amenazas de muerte, los secuestros, las desapariciones, los ataques a sedes sindicales y el desplazamiento forzado al
que se ven sometidos los trabajadores sindicalizados, son el resultado de la acción racional de actores armados y no armados que han aprendido a enfrentar los conflictos laborales a través del uso de una violencia calculada que resulta funcional, en términos económicos y políticos, para el Estado y los sectores empresariales del país. De este modo se puede afirmar que en el panorama laboral colombiano no tenemos ya a la política como la continuación de la guerra por otros medios, pues esta última aparece como la continuación y resolución de los conflictos laborales por otros medios.

Esta penetración de la guerra sobre el escenario de los conflictos laborales manifiesta la disolución y debilidad del Estado, la entrega de sus funciones de mediación a agentes privados o a organizaciones armadas fuera de la ley y, especialmente, la irrupción de una vasta red de instituciones e intercambios entre organizaciones legales e ilegales que cumplen con la función de regular los conflictos laborales a través del uso de la coerción, las armas y el terror.

Complementariamente, esta penetración de la guerra sobre el mundo de los conflictos laborales puede ser ilustrada señalando algunos aspectos esenciales de lo que podría denominarse la trama lógica y cronológica de la violencia contra el sindicalismo en Colombia. Trama lógica y cronológica que presenta como puntos de inflexión centrales los siguientes hitos:

— El quinquenio 1991-1995 estuvo determinando por la guerra contra el agro y, específicamente, la guerra contra los trabajadores agrícolas del café, la coca y el banano. De este periodo es ilustrativa la violencia, ya denunciada en su momento, contra los sindicalistas agrupados en Sintraproaceites —en San Martín, departamento del Cesar— y contra los sindicalistas agrupados en Sintrainagro en la zona bananera de Urabá. En este último caso, las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores se encuentran vinculadas a las disputas territoriales que libraban, en ese entonces, las FARC y las Autodefensas por el control de Córdoba y Urabá.

— 1996 estuvo marcado por el incremento de los asesinatos de los trabajadores en Colombia, ya que se presentó el mayor índice de homicidios contra sindicalistas, el mayor número de asesinatos de trabajadores en masacres y el mayor número de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores en el país. Concretamente, en este año fueron asesinados 284 sindicalistas y 105 de ellos murieron en masacres cometidas por los actores armados en la zona bananera de Urabá. No sobra recordar que la grave crisis humanitaria experimentada por el sindicalismo en la región de Urabá durante ese año fue la consecuencia de la puesta en marcha del proyecto de pacificación armada implementado por la clase política en el departamento de Antioquia.

— En 1997 se apreció un proceso de ampliación del proyecto paramilitar a lo largo de la geografía nacional y, por lo tanto, la aparición de nuevos territorios disputados por los actores armados. El correlato de estas nuevas disputas territoriales es la ampliación geográfica de los espacios en los cuales se violaban los derechos humanos de los trabajadores y la aparición del fenómeno del desplazamiento forzado de sindicalistas. Este último se convierte en un instrumento importante de la estrategia de guerra implementada por los actores armados para copar territorios y ejercer en ellos actos de soberanía.

— En el periodo que va de 1998 a 2000, la violación de los derechos humanos de los sindicalistas estuvo marcada por el auge de las intimidaciones, amenazas, violaciones a los derechos de asociación sindical y asesinatos de altos dirigentes sindicales. El Paro Nacional Estatal, realizado entre el 7 y 26 de octubre de 1998, presentó como balance final 9 sindicalistas asesinados, permanentes choques con la fuerza pública, intimidación a las marchas de los trabajadores y aumento de la represión.

— En el contexto general de los cambios e imbricaciones entre conflictos laborales y guerra, en el 2001 se aumentó la violen de la violaciones a los derechos humanos de sindicalistas ubicados en los grandes centros urbanos del país (Bogotá, Cali, Barrancabermeja, Bucaramanga y Medellín), como consecuencia del proceso de urbanización del conflicto armado.

— Finalmente, esta trama cronológica muestra que en el periodo 2002-2003, se presentan cambios en las lógicas globales de relación entre guerra y conflictos laborales. La tregua declarada y no declarada de importantes sectores del paramilitarismo incidió favorablemente en la reducción de los asesinatos de trabajadores sindicalizados. Sin embargo, esta cara positiva de la moneda contrasta con el aumento de las amenazas de muerte y la extensión de ellas a los familiares de los sindicalistas; con los incrementos en las privaciones de la libertad, las detenciones y los allanamientos; y con el aumentos en las violaciones de derechos realizadas por miembros de la fuerza pública (policía y ejército).

En la ilustración cronológica que estamos presentando se debe señalar que en la última década los sectores sindicales más afectados por la violación de los derechos humanos han sido el magisterio colombiano, en especial los profesores de primaria y secundaria del ámbito municipal, y los trabajadores oficiales del ámbito local. Los dos casos se explican por el peso preponderante que tiene el ámbito municipal dentro de las estrategias de consolidación y dominio territorial de las guerrillas y los paramilitares y por la ubicación de las sedes sindicales en zonas y territorios disputados por estos actores armados. Sin embargo, ambos casos presentan elementos diferentes: la ofensiva contra el magisterio, que reporta 49% del total de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores en los últimos doce 12 años, se encuentra relacionada, en primer lugar, que en este sector se poseen altos niveles de presión política, de protesta social y de interlocución y, por lo tanto, es un sector estratégico en las protestas contra las políticas neoliberales y de reducción del gasto social aplicadas en Colombia en la última década y; en segundo lugar, el magisterio cuenta con la organización sindical más importante y grande del país —Fecode—. De otra parte, la ofensiva contra los trabajadores oficiales del ámbito local, se relaciona con la ubicación geográfica de estos trabajadores en zonas disputadas por los actores del conflicto armado, por el uso y la instrumentalización que hacen las administraciones municipales, y algunos empresarios locales, de los actores armados para presionar a los trabajadores a que renuncien “voluntariamente” a sus trabajos, liquiden “voluntariamente” sus organizaciones sindicales, y cambien “voluntariamente” algunos puntos de sus convenciones colectivas de trabajo. Los casos de Sintrasema y Sintraofan, en el departamento de Antioquia, son ilustrativos.

Los cambios generales que se aprecian en esta pequeña reconstrucción cronológica sobre las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores colombianos, en términos de la disminución de los homicidios en algunos periodos, los cambios de modalidad en las violaciones, el aumento del desplazamiento y de las violaciones a la libertad, se encuentran relacionados con los cambios en las estrategias de guerra, la movilidad territorial de los actores, la resolución o disminución de las disputas territoriales armadas y la implementación de procesos de negociación o acuerdos puntuales entre alguno de los actores armados y los gobiernos de turno. En este sentido, es posible afirmar que las variaciones positivas que se presentan en algunos indicadores sobre la violación de derechos humanos de los trabajadores en el país (por ejemplo la disminución de los homicidios en 1999 y en 2003), no son el resultado de la aplicación de políticas gubernamentales deliberadas orientadas a garantizar y proteger los derechos de asociación sindical, sino el resultado, bastante contingente, de las lógicas de acción y los cálculos políticos y estratégicos de los actores del conflicto.

Incluso, ciertas modificaciones en las tendencias, en términos del deterioro en algunos derechos, son el resultado directo de la acción estratégica desplegada por el Estado cuando se generan procesos de acercamiento con las guerrillas para la búsqueda de salidas negociadas al conflicto.

Una mirada global a los indicadores nos muestra que todos aquellos gobiernos que se han propuesto como objetivo conseguir la paz —o ganar la guerra—, han acompañado su discurso de voluntad de paz —o voluntad de guerra—, con un progresivo endurecimiento con los actores del conflicto económico y social que se ubican por fuera de la acción armada. El sello de las políticas de paz —o de seguridad— nos presenta, como constante histórica, un aumento escandaloso de la represión al derecho de asociación sindical, la calificación de cualquier protesta sindical como ilegal, los hostigamientos de la fuerza pública a todo movimiento de protesta y el aumento de las amenazas a trabajadores sindicalizados en momentos claves de resolución de conflictos laborales.

Aquí resulta ilustrativo recordar las detenciones y declaratorias de restricción a la movilización ciudadana en 1998 y 1999 (año del proceso de negociación con las Farc) o, para no ir tan lejos, el aumento de las detenciones, los allanamientos y hostigamientos por parte de la fuerza pública a las organizaciones sindicales, en el contexto del gobierno de Álvaro Uribe. La actual política gubernamental con los sindicatos de Telecom, Ecopetrol y el Seguro Social, evidencian la existencia, tal como lo recordó El Tiempo en su edición del 1° de mayo, de “un Estado que dialoga con más facilidad con los grupos armados que con las organizaciones legítimas del trabajo y que tiende a criminalizar la protesta social”.
El estado de guerra que experimenta Colombia y la articulación entre el conflicto armado y los conflictos laborales no puede invisibilizar el que el 88% de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas están relacionadas con sus actividades sindicales. La omnipresencia de la guerra y el que las violaciones sean cometidas en la mayoría de los casos directamente por los actores de ésta, pone al descubierto el problema de los métodos, pero no el de la intencionalidad. La guerra simplemente es un instrumento utilizado por diversos sectores del país —un método—, con la intención de debilitar, neutralizar y acabar
con las organizaciones de trabajadores.

Por eso, no resulta extraño que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores colombianos se produzcan en momentos en los cuales se resuelven o se terminan los conflictos laborales, es decir, durante la negociación de pliegos y convenciones colectivas y durante la realización de paros nacionales y locales.

Esta no es una violencia indiscriminada, irracional, no calculada y causal. Por el contrario, ella es selectiva, discriminada y cálculada, pues se dirige contra los altos dirigentes sindicales y los dirigentes intermedios de organizaciones que tienen grandes niveles de interlocución y presión pública y política. Es el caso, por ejemplo, de aquellas federaciones de rama que juegan un papel principal en la definición de políticas públicas (Fecode), de aquellas centrales obreras que poseen una gran capacidad de interlocución y movilización (La Central Unitaria de Trabajadores —CUT—), y de aquellos sindicatos nacionales que operan en sectores estratégicos de la economía nacional (Sinaltraical, USO, Sintraelecol,
por mencionar sólo algunos.)


Aceptar que en contextos de guerra como el nuestro existe una menor posibilidad de garantía de los derechos humanos y que, incluso, lo “normal y esperado” es que en dichos contextos los eventos, la lógica y la gramática de la guerra se traslade al escenario de los conflictos sociales y laborales, no debe llevarnos a pasar por alto que los grupos armados —en permanente negociación con grupos no armados— han acudido al desplazamiento, el secuestro, las amenazas y el asesinato de trabajadores como una estrategia calculada para acabar con las organizaciones sindicales o para presionar negociaciones. Por ejemplo, en San Alberto (departamento del Cesar), los trabajadores de la palma fueron obligados a liquidar su sindicato y convertirlo en cooperativa; en varios municipios antioqueños los trabajadores oficiales fueron obligados a renunciar al sindicato y a su condición de dirigentes sindicales.

El asesinato de Jorge Ortega y nueve sindicalistas más durante el paro nacional de 1998, muestran este vínculo entre violaciones de derechos humanos y conflictos laborales. Un esquema similar se aplica al asesinato, el 1° de mayo de 2003, de Juan de Jesús Gómez, presidente de la subdirectiva de Sintrainagro en el departamento del Cesar, asesinato que ocurrió en momentos en los que su organización sindical había terminado la etapa de arreglo directo con la empresa Palmas del Cesar y se preparaba para iniciar la huelga.

Estos casos son sólo una muestra arbitraria de una situación que cuestiona, con la contundencia de los hechos, aquella tesis que afirma que la omnipresencia de la guerra es la causa de todos los males del país. Con esta afirmación sólo se pretende afirmar que la solución a la crisis humanitaria del sindicalismo colombiano no puede estar mediatizada por la aceptación acrítica del argumento gubernamental y empresarial, según el cual, el gobierno de Colombia no es responsable directo de los actos de violación de los derechos humanos de los trabajadores, pues las dinámicas del conflicto armado le han hecho perder su capacidad de control y regulación de la vida social.

Posiblemente, una tesis mucho más apegada a los hechos señalaría que en un contexto de profunda debilidad del Estado y anarquía social, la guerra ha sido, precisamente, un instrumento utilizado por sectores del Estado y sectores patronales para regular, sin resolver, conflictos que se ubican en el estricto plano del mundo laboral. No sobra anotar que esta crisis humanitaria exige convertir la emocionada solidaridad privada en un conjunto de responsabilidades concretas y específicas. Exige, igualmente, desarrollar formas de actuar inusuales e inmediatas, y posibilitar formas de aprendizajes colectivos que ayuden a la aceptación del mundo sindical y de sus organizaciones. Y estos cambios deben hacerse inmediatamente, pues no se puede olvidar que detrás de esta crisis humanitaria lo que se está poniendo a prueba es la fragilidad de nuestra noción moral de humanidad.

Autor: Liliana María López (ENS)

Publicado el (día/mes/año): 15/03/2005


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