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Revista Cultura&Trabajo N.º 93

Revista Cultura&Trabajo N.º 93
Sindicalismo y paz

Editorial

La paz tiene nombre de trabajo decente y de libertad sindical
No hay camino para la Paz, la Paz es el Camino.
Gandhi

El cumplimiento del Acuerdo de Paz suscrito por el gobierno Santos con la guerrilla de las FARC, ahora convertido en movimiento o partido político, es un paso decisivo para la ampliación de la democracia, la apertura a la realización de reformas estructurales y la promoción de políticas públicas, para atender los problemas sociales acumulados por décadas, especialmente en las zonas rurales y marginales.

El acuerdo tiene un foco en los derechos de las víctimas y en sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, representado en la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. El movimiento sindical, tanto las centrales CTC, CGT y CTC y las organizaciones de base tienen la oportunidad de acceder al sistema de justicia transicional para el esclarecimiento de los hechos de violencia antisindical y las prácticas de estigmatización, a la vez que podrán exigir el cumplimiento de los acuerdos en los componentes laborales, de derechos humanos y de mejoras de las condiciones de vida para los trabajadores rurales.

La construcción de la paz, va más allá del silencio de los fusiles o la paz negativa, en términos del premio nobel alternativo, Johan Galtung, como “ausencia de violencia estructural expresada mediante la guerra y los conflictos armados”. La paz positiva, “implica un estado de convivencia, que permite lograr la justicia e igualdad y la eliminación de la violencia estructural, que en nuestro caso sería eliminar el uso de la violencia como acción política y violencia contra los adversarios políticos”. El imperativo ético y político de la paz debe ser la convivencia democrática y la realización del Estado Social de Derecho, expresado en la Constitución Política de 1991.

La construcción de la paz, la cultura de paz, implica el reto de superar las dinámicas de la violencia, del conflicto armado y la ilegalidad en el ámbito local y nacional; de-construyendo los imaginarios y las prácticas clientelistas y de corrupción en las costumbres políticas y sociales; así como la economía del narcotráfico que permea todas las actividades de la sociedad colombiana. Ello requiere un nuevo marco jurídico, institucional y político representado en un nuevo “pacto social”, un nuevo “contrato social” en términos de Rouseau, pero también una nueva cultura del diálogo social tanto en las relaciones laborales como en todas las esferas sociales.

Cuando una sociedad se acostumbra y naturaliza la violencia en todas sus formas, inclusive la intolerancia política y social, desvaloriza el diálogo y el entendimiento como valor moral, lo que plantea el desafío de resignificar el diálogo social por su «naturaleza ético-política» particularmente importante en el mantenimiento de la coexistencia pacífica, como sostuvo Norberto Bobbio, basado en la capacidad de argumentar mediante motivaciones racionales (Baca Olamendi, Laura, 1996).

Colombia ha padecido la violencia política y el conflicto armado como resultado de los déficits de democracia, déficits de Estado,evidenciado en la ausencia de las instituciones públicas en el territorio y los fallos en la aplicación de la ley, en este caso de la ley laboral. Estos déficits ponen en riesgo los derechos de ciudadanía, los derechos laborales, la gobernanza democrática y la eficacia del diálogo, legitimando las vías de hecho.

Se trata de democratizar las relaciones laborales y con ello democratizar a la sociedad. Para ello, se requiere reivindicar el diálogo social y practicar el diálogo y hacer uso de todas las formas de concertación, incluyendo la negociación colectiva. El movimiento sindical crece a través de la lucha, la movilización social y la huelga, pero se legitima cuando logra acuerdos mediante el diálogo y la negociación, alcanzado garantías y ampliación de derechos.

Para ello se requiere una mejor comprensión de los cambios en las relaciones laborales y en la economía, innovar en las practicas sindicales, ampliar la base social sindical y fortalecer la unidad entre las organizaciones. Algunas organizaciones o liderazgos escogen el camino de fragmentación sindical, mediante la división y creación de organizaciones sindicales pequeñas, sin capacidad negociadora. Sin embargo, ponen en riesgo la sobrevivencia del sindicalismo como movimiento social y político de masas. Hoy la tasa de sindicalización escasamente llega al 4,6%. En contraste, otras organizaciones apuestan por la mayor afiliación y menor número de organizaciones de base, apostando por el sindicalismo de industria, sector o federaciones que logren mayor capacidad y poder negociador en las relaciones laborales e influencia en las políticas públicas. Fecode entre los maestros y maestras es el mejor ejemplo de unidad y fuerza sindical.

A su vez el movimiento sindical está interpelado a ampliar y fortalecer las alianzas con otros movimientos sociales, para hacer confluir las agendas laborales en clave de derechos de ciudadanía. Por ejemplo, la protección social es un derecho a la protección a la vejez, que va más allá de la seguridad social que tiene la centralidad en el vínculo contractual. El movimiento sindical puede asumir la doble tarea de fortalecer la afiliación y la cobertura al sistema pensional, incluso proponiendo un régimen público más fuerte; sin embargo, está interpelado a proponer sistemas de protección social financiados con recursos públicos, mediante el ingreso mínimo vital o de ciudadanía.

Una de las estrategias de incidencia política es la Plataforma Agenda Laboral y Sindical para la Paz, a través de las cuales las centrales sindicales, junto con organizaciones de apoyo y asistencia técnica como la ENS, pueden ayudar a la formulación de propuestas de reforma o de políticas públicas y a la deliberación pública, mediante la generación de conocimiento sistémico, acciones educativas y comunicativas para ponerlas al servicio de la acción política del sindicalismo.

Entre las principales propuestas de esta plataforma está la defensa del derecho de libertad sindical y de la huelga, la incidencia ante la CEV y JEP, la reclamación de una política de trabajo decente, los pisos de protección a la población rural, exigencia de garantías a la protesta y movilización social, el fortalecimiento de la institucionalidad laboral como el Sistema de Inspección Laboral (inspección rural y móvil), el acceso a la justicia para los trabajadores y propuestas concertadas sobre los lineamientos para reforma al sistema de protección social y de pensiones, y la incidencia para el cumplimiento de los compromisos laborales internacionales del Estado colombiano. El nuevo plan de desarrollo tendrá que incorporar estos compromisos en términos de políticas públicas y reformas legales. De esta manera la construcción de la paz tendrá los contenidos del trabajo decente y los derechos de libertad sindical.

Autor: Escuela Nacional Sindical

Año: 2017

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