XII Informe Nacional de Trabajo Decente 2019

Desde el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la política económica del país se consolidó con un enfoque hacia el mercado internacional, el cual amplió el giro neoliberal que se había dado a comienzos de los noventa bajo la apertura comercial iniciada por César Gaviria (1990-1994). No obstante, el fracaso de este primer intento por modernizar la economía colombiana –el cual terminó en déficits comerciales históricamente altos, el crecimiento apreciable de la deuda externa y, como golpe de gracia, la crisis financiera que trajo consigo una gran recesión económica finalizando el siglo XX–, Uribe prometió más de lo mismo a través de la atracción de la inversión extranjera directa (IED) y la negociación y firma de numerosos tratados de libre comercio (TLC) y otros tipos de acuerdos comerciales bilaterales (de inversión, de la no doble tributación, etc.).

La promesa fue que con más inversión extranjera y menos restricciones al comercio internacional crecería más la economía colombiana, las divisas internacionales y el empleo. Los dos gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018) siguieron la misma receta –incluso con mayor intensidad–, para lograr la ratificación de los tres principales TLC (Canadá en 2011, Estados Unidos en 2012 y la Unión Europea en 2013). Pero, frente a la fuerte oposición nacional e internacional a la firma de esos TLC y teniendo en cuenta las prácticas tan difusas sobre precarización laboral y violencia antisindical que predominaban por entonces en Colombia, para aprobarlos en las instancias políticas de los respectivos países socios, el gobierno colombiano tuvo que firmar diversos acuerdos y planes sobre la política laboral, todos enfocados en mejorar los estándares laborales, especialmente los asociados a los cuatro derechos fundamentales, y a las condiciones laborales y sindicales.

Han pasado más de ocho años desde que se firmó el primero de estos acuerdos laborales (el Plan de Acción Laboral –PAL– de Obama-Santos) y, por esto, en la ENS decidimos que, con este 12.º Informe Nacional de Trabajo Decente ya era tiempo de, primero, hacer una evaluación del nivel de efectividad de estos planes para mejorar las condiciones de trabajo decente, priorizando los cuatro pilares estratégicos en los que se fundamenta: oportunidades de empleo, protección social, la inspección laboral y las libertades sindicales; y, segundo, evaluar, de forma más macroeconómica, el impacto de los TLC y la IED en el período comprendido entre 2011 y 2018, poniendo el énfasis en la generación de empleo y de ingresos laborales.