Luego de ocho años del agobiante el gobierno de Juan Manuel Santos, no se ha logrado saldar la deuda con las trabajadores y trabajadores. Las condiciones laborales, las libertades sindicales, los derechos humanos y laborales en Colombia siguen evidenciando un déficit de trabajo decente que se mantiene en el tiempo. El desempleo continúa afectando a miles de trabajadoras y trabajadores colombianos; para los jóvenes, y especialmente para las mujeres, la escasez de oportunidades de trabajo se ha convertido en el común denominador; la informalidad persiste en niveles elevados y el cuentapropismo es la principal posición ocupacional.

En el campo sindical, la tasa de sindicalización tiene pocos avances; la cobertura de la negociación colectiva es baja y predominan figuras como el pacto colectivo y el contrato sindical que obstaculizan la garantía de los derechos de las y los trabajadores; la protesta social se estigmatiza y no cesan las violaciones a la vida, libertad e integridad contra el movimiento sindical.

En este sentido, el nuevo gobierno debe destinar más recursos y mejores oportunidades a la educación pública, a la salud y a la calidad de vida de toda la población, incluyendo la salud laboral, los empleos formales, el trabajo digno y decente con mejores salarios, el derecho a la protección social incluyente y equitativa y las garantías para el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva.

Se necesitan mejores políticas públicas en materia de empleo y derechos laborales, para que Colombia mejore frente a los países de la región en cuanto a la calidad del empleo, el control de la informalidad y la tercerización, y en materia de libertades sindicales que hoy registran pésimos indicadores si se compararan con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), club de países ricos y de “buenas prácticas” al que el gobierno actual se propone ingresar antes de terminar su período.

Si bien algunos indicadores bajaron levemente durante el año 2017, como son los casos de la informalidad y el número de sindicalistas asesinados, las políticas económicas mantienen su sesgo anti-laboral, muy poco cambian los estándares laborales y la precariedad del empleo de los 22 millones de trabajadores y trabajadoras sigue siendo bastante cuestionable. Las personas aspiran a un trabajo decente y a un ingreso digno que les permita tener una mejor calidad de vida con plenas garantías a la vida y las libertades públicas.

La Escuela Nacional Sindical (ens) publica este nuevo informe comprensivo de la coyuntura de la situación social y laboral colombiana, con motivo de la conmemoración del Primero de Mayo. Este no solo incluye las principales cifras del mundo del trabajo en Colombia para el 2017, sino también propuestas de políticas públicas y normas que durante los últimos 16 años se han apoyado en su formulación y deliberación, y pueden ayudar al nuevo gobierno a cambiar el precario panorama actual; además se hace en un momento decisivo para el país, en donde con grandes expectativas, temores y necesidades, la ciudadanía elegirá un nuevo presidente para el periodo 2018-2022.

Año: 2018

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A la luz de la teoría económica, el empleo y su contraparte, la desocupación, son resultado derivado del comportamiento de la actividad económica en todos los sectores productivos. Se asume que si crece la actividad económica y los factores asociados a ella, es decir la producción, las ventas, el consumo, etc., el empleo debe crecer y, en consecuencia, el desempleo disminuir, o por lo menos, no crecer. Esto no es lo que parece suceder en una ciudad como Cali y su área de influencia.

Autor: Alfonso Santacruz

Año: 2011

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