Cuaderno de Derechos Humanos Nº 26

Informe sobre violaciones a los derechos humanos de los y las sindicalistas en Colombia, 2016-2018

La tragedia vivida por el sindicalismo colombiano da cuenta de una violencia histórica, selectiva y sistemática que ha dejado miles de víctimas individuales y cientos de víctimas colectivas; una historia que aún no logra pasar la página. Según el seguimiento realizado por la Escuela Nacional Sindical, desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2018 se registraron 14.842 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas en contra de sindicalistas, de las cuales se cuentan 3.186 homicidios y al menos 487 sindicatos víctimas de este flagelo. Esto sin mencionar los daños y los impactos ocasionados a sindicalistas, sindicatos y al movimiento sindical que, a la luz de la ley 1448 de 2011 y del decreto 624 de 2016, aún no han sido reparados.


Y esto no para. Hoy en Colombia uno de los principales factores de preocupación es la creciente ola de persecución y agresiones contra hombres y mujeres comprometidos con la defensa de los derechos humanos y con el liderazgo en sus territorios, comunidades y organizaciones. La gravedad de esta situación, catalogada por expertos con el nivel de crisis humanitaria, entre ellos, el Programa Somos Defensores, se incrementa cuando se advierte este fenómeno en medio de un contexto de esfuerzos por construir la paz desde los territorios, pues la implementación de los acuerdos firmados con las FARC, y la posibilidad de avanzar en los diálogos de paz con ELN, suponían un escenario de mayor respeto y garantías para los derechos humanos y la participación política.


En medio de este panorama, la violencia antisindical sigue al día. Desde la firma de los acuerdos de paz, en noviembre del año 2016, hasta el 31 de diciembre del 2018, el Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (Sinderh-ENS) registró alrededor de 489 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas, de las cuales 66 fueron homicidios. Así pues, la violencia contra sindicalistas y sindicatos persiste en medio de un creciente ambiente de riesgo, vulnerabilidad y estigmatización contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esto significa que, durante el período en mención, en promedio, ocho de cada diez sindicalistas víctimas de violencia eran activistas o dirigentes sindicales. Esta violencia no solo ha conllevado una grave violación a los derechos humanos individuales y colectivos, sino que también ha puesto grandes limitaciones al ejercicio de la libertad sindical, a la posibilidad de que trabajadores y trabajadoras puedan organizarse para defender sus derechos, desempeñar liderazgos sociales, comunitarios y políticos, sin que esto derive en señalamientos, persecución y violencia.


Los anteriores indicadores de vulneración a los derechos de los y las trabajadoras, sumados a una tasa de sindicalización que no supera el 5,0 %, muestran que en Colombia el respeto y las garantías para la libertad sindical siguen siendo una deuda histórica del Estado, máxime si se tiene en cuenta que la libertad sindical es un derecho humano fundamental, consagrado en tratados y normas internacionales. Hoy resulta urgente transformar esta realidad, ya que dichas condiciones son imperativas para la construcción de una sociedad más justa, más democrática y en paz.


Además de ser una situación denunciada por el mismo movimiento sindical y por las organizaciones defensoras de los derechos laborales, en los últimos años, diversas organizaciones internacionales emitieron recomendaciones y firmaron acuerdos con el Gobierno colombiano para que se trabaje por mejorar el estado de los derechos laborales y las libertades sindicales en el país, enfrentar la violencia antisindical, perseguir a sus promotores y autores, así como para fortalecer las medidas de protección a sindicalistas. En efecto, a inicios del año 2016 fueron puestos en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (PNUD, 15 de abril de 2017); para entonces, la ONU instó a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos para lograr que el desarrollo de las sociedades se acompañe con garantías efectivas para que individuos y colectivos puedan ejercer las libertades fundamentales y gozar del cumplimiento de sus derechos. Esto se suma a la larga lista de recomendaciones que tiene en el tablero al Gobierno colombiano, entre ellas, las realizadas por: i) la Misión de Alto Nivel de la OIT en febrero de 2011; ii) el PNUD en su informe “Reconstruir el pasado, construir el futuro. Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados, 1984-2011”; iii) las recomendaciones del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE; iv) los compromisos ratificados por parte del Gobierno en el Plan de Acción Laboral (Acuerdo Obama-Santos) el 7 de abril del 2011; y v) la Resolución 2628 del 13 de junio de 2012, “Hoja de Ruta en derechos humanos y laborales” del Parlamento Europeo, del 13 de junio de 2012.


Como se observa, han pasado alrededor de siete años desde que se implementaron algunas de estas medidas, y si bien se identifican avances parciales, su impacto en la transformación de las realidades que vive la población trabajadora y las organizaciones sindicales distan mucho de los cambios que se requieren y a los que está obligado el Estado colombiano:
i) no cesan las vulneraciones a los derechos laborales;

ii) persisten restricciones legales e ilegales a la libertad sindical;

iii) la violencia antisindical persiste en medio de un contexto de agudización de la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos;

iv) la alta impunidad y la ausencia de justicia es preponderante; v) las medidas dispuestas para proteger a sindicalistas no logran garantizar su libertad sindical y su integridad física;

vi) el proceso de reparación al movimiento sindical está paralizado;

vii) no cesa la estigmatización y la criminalización de la acción sindical.


Al respecto, la Confederación Sindical Internacional (CSI) señala que, para el año 2018, Colombia es el quinto peor país del mundo para las trabajadoras y los trabajadores, con una cultura fuertemente enraizada de violencia e impunidad y sigue siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. De nueve países en los cuales se registraron 59 asesinatos de sindicalistas durante 2017, en Colombia sucedieron 19 (CSI, 2018). Por su parte, la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), en julio de 2017, manifestó al Gobierno colombiano su rechazo contra la violencia y la falta de garantías para que los y las sindicalistas puedan desempeñar su labor (CSA, 12 de julio de 2017).


Adicional a estas observaciones y tareas pendientes, la implementación de los acuerdos de paz trae nuevos retos para el sindicalismo. Partiendo del principio de centralidad de las víctimas y sus derechos, y teniendo en cuenta que por más de tres décadas el sindicalismo ha sido uno de los colectivos más victimizados en Colombia, en el marco del conflicto armado interno, el despliegue del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) abre una ventana de oportunidad para disminuir la brecha en términos de la deuda histórica que aún existe con los derechos de las víctimas individuales y colectivas de la violencia antisindical.


Considerando este panorama adverso, este Cuaderno de Derechos Humanos presenta, en un primer momento, un panorama histórico de la violencia antisindical con algunas aproximaciones a su interpretación. En segundo lugar, un contexto sobre la situación de violación a los derechos humanos cometida contra sindicalistas en Colombia entre los años 2016 y 2018. En tercer lugar, muestra un acercamiento al análisis de la relación entre la violencia antisindical y la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos. Posteriormente, se explica la naturaleza, estructura y funciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) y los nuevos escenarios de participación que se abren para el sindicalismo ante i) la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), ii) la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y iii) la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).


Finalmente se esbozan los principales retos actuales para la superación de la violencia y la impunidad, y se presentan propuestas de agenda de derechos humanos y paz desde la mirada del sindicalismo, incluyendo alternativas de acción sindical frente a los nuevos escenarios de justicia transicional y restaurativa, que contribuyan a la reconciliación nacional, la construcción de la paz completa y duradera, la garantía al ejercicio de la libertad sindical como derecho humano fundamental y como pilar de la democracia.


La Escuela Nacional Sindical, comprometida con los derechos humanos, la libertad sindical y el trabajo decente, contribuye a la generación de conocimiento al servicio de las y los trabajadores y del sindicalismo, que le permita incidir en la exigibilidad de derechos laborales, en la construcción de la paz como condición necesaria para el ejercicio de los derechos de sindicalización, negociación colectiva, huelga y del diálogo social.

Autor: Viviana Colorado López, Catalina Trujillo Salazar, Mariana Ortiz Usma, Ana María Amado

Año: 2019

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La palma en Colombia
La industria de palma en Colombia

La llegada y expansión de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia ha estado marcada durante décadas por controversias económicas, políticas y sociales. En los años setenta fue vista como una esperanza económica para las regiones rurales del país, en los años ochenta y noventa del siglo xx, y hasta principios del presente siglo, fue cuestionada por su relación con el desplazamiento forzoso y la acumulación de tierra a través de actos violentos. El gobierno de Álvaro Uribe Velez les entregó a los empresarios de la industria del biodiésel la garantía de demanda y compra sin contraprestaciones.

La palma de aceite en Colombia. Fotografía de Daniel Hawkins
La palma de aceite en Colombia

Los vaivenes laborales de esta industria, casi siempre enfrentada a una crisis o a un potencial económico, han sido constantes durante toda su historia en el país; mientras el estado ayuda a consolidar a las empresas y ellas avanzan en la tecnificación del proceso industrial, las condiciones de las y los trabajadores del sector no han visto mayores mejorías en las últimas dos décadas.

Prácticas como la deslaboralización y tercerización laboral fueron tan endémicas en todo el sector que, como parte del proceso de ratificar el TLC entre Colombia y los Estados Unidos, en abril de 2011, los dos entonces presidentes, Juan Manuel Santos y Barack Obama, firmaron el Plan de Acción Laboral (PAL) que incluyó 37 medidas sobre 10 temas, todos enfocados en mejorar la protección de las y los trabajadores colombianos y garantizar muchos de los derechos laborales fundamentales, los cuales, hasta entonces habían sido burlados por muchos empresarios presentes en el país.

En los años posteriores, a pesar de numerosos cambios legislativos y el aumento sustancial del presupuesto del Ministerio de Trabajo (vea: CUT, et al., 2014; ENS, 2015), tanto para contratar inspectores como para reorganizar su estructura institucional y volver más transparente y sistemático sus operaciones, la presión ejercida por el Estado sobre los empresarios del sector de palma, para que estos cumplieran con las leyes laborales y dejaran de practicar la discriminación sindical, no fue suficiente y, más allá de algunos procesos parciales de formalización laboral, sobre todo en ciertas empresas en la zona central del país (Palmas del Cesar, Palmas de Monterrey y, más recientemente, Indupalma), la precariedad e inestabilidad laboral siguen siendo el pan de cada día para la mayoría de los miles de trabajadores que desempeñan actividades en este sector.

Fotografía de Daniel Hawkins
Fotografía de Daniel Hawkins

La visión aplicada a esta industria es aún arcaica, aunque ella está cada vez más conectada a las necesidades del mercado mundial y de la cadena global de suministros, donde esforzarse para reducir los costos laborales ignora que el proceso de producción se debe basar no solo en los costos sino también en los estándares de calidad, además de cumplir con estándares sociolaborales que perciben a los trabajadores como personas con derechos (Barrientos et al., 2011: 322; Trienekens, 2011).

Este informe presenta los principales hallazgos de este estudio diagnóstico y ofrece algunas reflexiones y sugerencias acerca de cómo las organizaciones sindicales de este sector pueden avanzar en presionar por mejoras concretas y sistemáticas en las políticas empresariales y del sector en su conjunto en el tema de la salud integral de sus trabajadores.

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Autor: Equipo de investigación de la Escuela Nacional SIndical (ENS). Daniel Hawkins, Carmen Tangarife, Oscar Fernando Gallo, Edson Adrián Vásquez Quintero, Marta Piedrahíta

Año: 2018

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