Luego de ocho años del agobiante el gobierno de Juan Manuel Santos, no se ha logrado saldar la deuda con las trabajadores y trabajadores. Las condiciones laborales, las libertades sindicales, los derechos humanos y laborales en Colombia siguen evidenciando un déficit de trabajo decente que se mantiene en el tiempo. El desempleo continúa afectando a miles de trabajadoras y trabajadores colombianos; para los jóvenes, y especialmente para las mujeres, la escasez de oportunidades de trabajo se ha convertido en el común denominador; la informalidad persiste en niveles elevados y el cuentapropismo es la principal posición ocupacional.

En el campo sindical, la tasa de sindicalización tiene pocos avances; la cobertura de la negociación colectiva es baja y predominan figuras como el pacto colectivo y el contrato sindical que obstaculizan la garantía de los derechos de las y los trabajadores; la protesta social se estigmatiza y no cesan las violaciones a la vida, libertad e integridad contra el movimiento sindical.

En este sentido, el nuevo gobierno debe destinar más recursos y mejores oportunidades a la educación pública, a la salud y a la calidad de vida de toda la población, incluyendo la salud laboral, los empleos formales, el trabajo digno y decente con mejores salarios, el derecho a la protección social incluyente y equitativa y las garantías para el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva.

Se necesitan mejores políticas públicas en materia de empleo y derechos laborales, para que Colombia mejore frente a los países de la región en cuanto a la calidad del empleo, el control de la informalidad y la tercerización, y en materia de libertades sindicales que hoy registran pésimos indicadores si se compararan con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), club de países ricos y de “buenas prácticas” al que el gobierno actual se propone ingresar antes de terminar su período.

Si bien algunos indicadores bajaron levemente durante el año 2017, como son los casos de la informalidad y el número de sindicalistas asesinados, las políticas económicas mantienen su sesgo anti-laboral, muy poco cambian los estándares laborales y la precariedad del empleo de los 22 millones de trabajadores y trabajadoras sigue siendo bastante cuestionable. Las personas aspiran a un trabajo decente y a un ingreso digno que les permita tener una mejor calidad de vida con plenas garantías a la vida y las libertades públicas.

La Escuela Nacional Sindical (ens) publica este nuevo informe comprensivo de la coyuntura de la situación social y laboral colombiana, con motivo de la conmemoración del Primero de Mayo. Este no solo incluye las principales cifras del mundo del trabajo en Colombia para el 2017, sino también propuestas de políticas públicas y normas que durante los últimos 16 años se han apoyado en su formulación y deliberación, y pueden ayudar al nuevo gobierno a cambiar el precario panorama actual; además se hace en un momento decisivo para el país, en donde con grandes expectativas, temores y necesidades, la ciudadanía elegirá un nuevo presidente para el periodo 2018-2022.

Año: 2018

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En el 2000, 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se comprometieron a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que representaban la oportunidad para que los países lograran el cumplimiento de ocho desafíos considerados esenciales para el desarrollo humano. Estos ochos desafíos correspondían a: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2) lograr la enseñanza primaria universal, 3) promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, 4) reducir la mortalidad infantil, 5) mejorar la salud materna, 6) combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Autor: Carmen Lucía Tangarife (Coordinadora)

Año: 2017

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Erminda, luego de verse enredada en un lío jurídico a raíz de una demanda realizada por su patrona, comparece ante la fiscalía municipal. Las palabras del fiscal eran recurrentes: «¡Usted fue quien la agredió! Sus cargos son por violencia personal y daño a la persona». Al leerle los cargos, esta mujer respondió decidida: «Sí; y si me vuelve a decir lo que me dijo, yo vuelvo y la estropeo». Tal era el dolor, que ella continuaba diciendo: «Tráigala, y que me vuelva a decir lo que me dijo y la estropeo de nuevo». Era tal la ira, que parecía, incluso, que Erminda hubiese olvidado el sitio en el que se encontraba; entonces el fiscal le preguntó nuevamente: «¿Qué fue lo que pasó?» A lo que ella respondió: «Mire, yo le dije que me pagara mis días de trabajo que ya había trabajado todas las tres semanas, y ella me dijo que no me iba a pagar, que sólo me pagaba cincuenta mil pesos. Oiga, le dije: ‘¿y pa’ quién es ese poquito de plata? Me das mis doscientos mil pesos, que yo fue mucho lo que me maté y trabajé en esta casa’, y ella me contestó: ‘Esta negra si es creída, ¿acaso
antes no eras esclava?’» Ante este testimonio, el fiscal dice: «Señora, usted debe mejorar su carácter». Erminda por su parte quedó tranquila, porque según ella y por sus medios le había hecho pagar a la patrona sus doscientos mil pesos. Hoy, con antecedentes legales de violencia, y su patrona con antecedentes de víctima, cada una continúa su vida. Nadie se cuestionó sobre la frase violenta y de discriminación racial que le dijeron a Erminda, tampoco por lo que recibió de pago y prestaciones sociales. Éste no fue el tema central, toda la atención giró en torno a la violencia de la empleada doméstica a su patrona.

Autor: María Edith Morales Mosquera, Sandra Milena Muñoz Cañas, María Eugenia Morales Mosquera, Ramón Emilio Perea Lemos, Guillermo Correa, Víctor Hugo Mosquera Sánchez

Año: 2017

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There have been meaningful advances in the field of history of health/sickness during the last four decades in Colombia. In spite of this, if our production is compared to that of the richest countries in Latin America (Brazil, Mexico and Argentina), the task of supporting these types of studies in our context still re-mains urgent. Especially as it is a complex and rich field, in which there is still a lot to be done.

Año: 2016

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Con las perspectivas bastante ciertas de que se logren antes del 23 de marzo de 2016 acuerdos para la terminación del conflicto armado interno con las FARC y la expectativa del inicio de conversaciones con el ELN, el principal reto de todos los actores sociales y políticos del país, empresarios, instituciones públicas, partidos políticos y movimientos sociales, será el de prepararse para la construcción de la paz, identificando la agenda y los escenarios que permitirán avanzar en la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho.

Autor: Carmen Lucía Tangarife (Coordinadora)

Año: 2015

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No ha sido una práctica política frecuente, que las autoridades locales se preocupen de manera decidida por un tema tan complejo como el empleo. Menos usual ha sido que decidan propiciar espacios de discusión que busquen convocar mediante acuerdos municipales, la confluencia de fuerzas e intereses en torno a dicho tema.

Por eso resulta novedosa la decisión de la Alcaldía de Medellín, de crear el Consejo Municipal de Empleo y de la Productividad, como un espacio de discusión y diálogo social para que desde allí, se determine una política pública de trabajo decente local.

Dicho espacio surgió en respuesta a las demandas de los trabajadores y de la Escuela Nacional Sindical, que han sostenido la tesis de que para lograr la defensa de los derechos laborales es mejor la concertación y la deliberación pública, que las determinaciones unilaterales.

Año: 2012

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El presente estudio se realizó teniendo en cuenta el funcionamiento del sistema de inspección colombiano a partir de las reestructuraciones del año 2009, y la implementación del nuevo sistema de inspección preventiva de 2007, a la luz de los estándares internacionales en inspección laboral delimitados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los convenios 81 y 129. Además se identificarán situaciones de trabajo no declarado, las cuales se constituyen en una problemática latente para el cumplimiento de estándares en trabajo decente, por lo que habrá de ver cuál es el papel que desempaña el sistema de inspección colombiano en la erradicación de todo trabajo no declarado.

Autor: Sandra Milena Muñoz Cañas

Año: 2011

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El gobierno nacional ha presentado una propuesta de cambios en la regulación legal del derecho a la huelga a través del proyecto de ley 190 de 2007 (Cámara), buscando con él atender las presiones para que la legislación laboral colombiana se adecúe a los parámetros establecidos en los convenios internacionales del trabajo y así lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Una vez analizado el proyecto en mención es claro que éste sólo resuelve uno de los nueve problemas jurídicos y prácticos que enfrentan las organizaciones sindicales al momento de declarar y realizar huelgas.

Autor: Andrés Felipe Sánchez

Año: 2011

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A la luz de la teoría económica, el empleo y su contraparte, la desocupación, son resultado derivado del comportamiento de la actividad económica en todos los sectores productivos. Se asume que si crece la actividad económica y los factores asociados a ella, es decir la producción, las ventas, el consumo, etc., el empleo debe crecer y, en consecuencia, el desempleo disminuir, o por lo menos, no crecer. Esto no es lo que parece suceder en una ciudad como Cali y su área de influencia.

Autor: Alfonso Santacruz

Año: 2011

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La región del Caribe colombiano tiene 9.479.102 habitantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2010), que corresponden al 21,3% de la población nacional y que representan una densidad poblacional de 72 habitantes por km2; esta densidad es mucho mayor a la del resto del país, que llega a 39 habitantes por km2. La región ha tenido un crecimiento poblacional del 1,74% anual, superior al promedio nacional que ha sido del 1,61%. Según esa misma información (DANE, 2010), y en relación con los grupos poblacionales, para el 2008, en el Caribe colombiano residía el 42,8% de la población indígena del país, es decir, un total de 569.190 originarios; la población ROM (gitanos) representaba el 61,6%, con 2.991 habitantes del total nacional; y la población afrocolombiana, era del 32%, equivalente a 1.380.102 habitantes. El 29% del total de la población del Caribe colombiano, habita en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y son el objeto de esta investigación.

Año: 2011

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