Desde principios del nuevo milenio Colombia, siguiendo los pasos de muchos países del mundo, se ha convertido el deseo de abrir sus fronteras al mercado global en una política estructural del Estado. Combinando los esfuerzos por volverle al país más atractivo para la inversión extranjera, los gobiernos nacionales más recientes se han desesperado por negociar tratados de libre comercio y otros acuerdos comerciales con países y agrupaciones políticas y económicas de casi todos los continentes. Actualmente, Colombia tiene vigente seis TLC[1], se ha suscrito cinco más[2], está negociando otros dos[3], además de ser adscrito a las negociaciones del TISA (Tratado de Comercio en Servicios), el cual involucran 51 países y se está llevando a cabo totalmente por espaldas de las esferas políticas deliberativas de todos los países involucrados. Adicionalmente, Colombia tiene acuerdos parciales vigentes con numerosos otros países y agrupaciones políticas[4] y varios acuerdos internacionales de inversión vigentes[5] y suscritos[6]. Sin lugar a duda, la apertura comercial y las crecientes garantías y dádivas ofrecidas al gran capital son ejes principales de la actuación estatal hoy en día y es por eso que en la ENS hemos puesto nuestros ojos sobre el contenido de estos acuerdos comerciales y las políticas económicas, en materia laboral y sindical, para hacerles un seguimiento continuo.
En esta línea hemos hecho varios informes sobre el estado de cumplimiento del Gobierno Colombiano frente a sus compromisos políticos inscritos en varios acuerdos paralelos y/o adicionales a algunos TLC que se han firmado en años recientes. Todos estos informes se pueden encontrar aquí en nuestra página institucional. Adicionalmente, hacemos seguimiento a las tendencias de la Inversión Extranjera Directa (IED), enfocando en su concentración por sectores, por países de origen, por tipo de inversión, además de analizar el impacto en términos de empleo, de presencia y actividad sindical en algunas de las empresas más importantes en Colombia.
Hoy en día, y cada vez más, Colombia está más integrada al mercado global y más entregado a las dinámicas de la competencia por atraer y mantener el capital en las fronteras nacionales. Hasta ahora, tal proyecto político se ha hecho caso omiso de la necesidad de pensar en los impactos en materia laboral-sindical, ambiental y socio-cultural de la globalización de nuestra economía. Se ha notado que en tal política prevalecen los derechos de propiedad por encima de los derechos humanos fundamentales y los derechos de la naturaleza y por lo que se llamen en países vecinos, el buen vivir. Es por eso que en la ENS proponemos y asumimos la tarea de presionar el Estado y las empresas para que cumplan no sólo con las leyes laborales nacionales y las normas internacionales sino con la labor del Estado Social de Derecho de garantizar y proteger a los derechos humanos y ambientales y para promover políticas de trabajo decente que logran transformar la realidad de las vidas de los más de 21 millones de colombianas y colombianos ocupados hoy en día.
[1] Con los siguientes países y agrupaciones: México, el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), Chile, EFTA (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), Canadá, los EEUU, la UE (con sus 28 países miembros).
[2] Con Corea del Sur, Costa Rica, Israel, Panamá, y la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú).
[3] Con Turquía y Japón.
[4] Venezuela, Cuba, Nicaragua, Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Bolivia está en proceso de adhesión), Caricom (Jamaica, Belice, Barbados, Dominicana, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Guayana, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadina, Santa Lucia).
[5] España, Perú, China, India y el Reino Unido.
[6] Singapur, Francia y Turquía.