Colombia es uno de los países más desiguales en América Latina con un coeficiente de concentración de la riqueza, Gini, de 0,522. Parte de esto tiene que con ver la baja tasa de sindicalización (del 4,6% con respecto al total de ocupados) y las restricciones legales que existen en el país para negociaciones a un nivel distinto al de las empresas teniendo como efecto una baja redistribución de la riqueza, pues los trabajadores de las empresas con sindicatos fuertes y con negociación colectiva, tienen por lo general mejores salarios y prestaciones sociales, más estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo, beneficios que no tienen la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país que no están organizados sindicalmente.
La tasa de empleo del 59,0% para 20015, representando a un total de 22’017.000 ocupados en el país, con un alto porcentaje de trabajadores en la categoría cuenta propia (42,4%) y trabajadores sin remuneración (4,6%), con un total de 9.345.000 y 1.021.000 ocupados respectivamente.
Las estadísticas también indican la persistencia de desprotección social en la que se encontraban muchos ocupados y ocupadas. Se encontró por ejemplo que de cada 100 ocupados, sólo 40,8 estaban afiliados como contribuyentes-aportantes a la salud; 38,1 estaba afiliado como cotizante a pensiones; 43,9 estaba afiliado al sistema de riesgos laborales y alrededor de 36,4 estaba afiliado a cesantías. Lo anterior evidencia la gran exclusión de los y las trabajadoras de la seguridad social integral, que es el indicador mínimo, aunque insuficiente, de formalidad y legalidad en las relaciones laborales.
El trabajo como la fuente cierta de ingresos para tener calidad de vida y ofrecer oportunidades a las personas y a las familia se realiza con salarios y garantías laborales suficientes. Esto no sucede en Colombia. La mitad de los trabajadores colombianos son pobres. Las cifras revelan que el 48,6% (10.700.262) de las personas con ingresos laborales obtienen un salario mínimo o menos cada mes, o sea que se encuentran en condiciones de pobreza. Por sexo se evidenció que el 53,4% de las mujeres recibieron ingresos mensuales iguales o inferiores a un salario mínimo, en el caso de los hombres fue el 44,1% de los ocupados en esta situación.
La informalidad es una situación que ha permanecido casi invariable durante décadas en el país, a pesar de la transformación en las variables de ocupación y de cambios legales no aplicados para promover la formalización.
La tasa de informalidad para el 2015 es del 64% del total de ocupados. Esta situación es más crítica para mujeres y jóvenes. El DANE presentó que para el 2015 el 52,3% de las mujeres ocupadas lo estaban en condiciones de informalidad, lo que para los hombres fue del 46,5%. Así mismos la tasa de informalidad en el empleo juvenil nacional, está por encima del promedio latinoamericano, con un 78%. Además, se encontró que del total de ocupados, entre 18 y 28 años, sólo el 36,2% contribuyó a salud, pensión y riesgos laborales.
Otro dato alarmante es que en 2015, habían 3.813.880 trabajadores en situación de relaciones laborales ilegales es decir trabajadores(as) que prestaron sus servicios a un empleador y este no le garantizó derechos laborales, ni protección social.
A esta situación se suma, el impacto marginal de los acuerdos de formalización laboral (AFL), que según información suministrada por el Ministerio de Trabajo, a marzo de 2016, se han suscrito 160 acuerdos de formalización laboral, con los cuales se formalizaron 24.154 trabajadores, a lo que habría que descontar 3.430 trabajadores que habían sido formalizados por fuera del marco de un AFL.
El campo cuenta hoy con una población de 4.758.000 ocupados rurales, de los cuales 52% son cuentapropistas (2.456.000) y sólo el 34,2% era asalariado (1.626.000). Más del 65% de los ocupados rurales era no asalariado, es decir, no recibió un salario por su trabajo.
El 60,8% de los trabajadores rurales se encuentra en el sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Sin embargo el 90,3% de estos ocupados se encontraba excluido del sistema de riesgos laborales, es decir, no cuentan con sistemas de protección social integral. Además, la sindicalización en el sector es marginal, la tasa de sindicalización del sector es de 2,7%.
Trabajar en una política de trabajo decente y buscar que empleadores cumplan con la ley laboral sería el mayor aporte a la construcción de paz en el país. Se requiere una política de trabajo decente que garantice la de formalización de los trabajares(as) cuentas propia, el acceso a la seguridad social de los trabajadores, la sindicalización y procesos de negociación colectiva para el incremento de los ingresos como forma de superar la pobreza de los trabajadores colombianos y brindarles calidad de vida.
Ante la pobreza estructural del sector rural, se hace necesario desarrollar políticas públicas de formalización e inclusión laboral en el campo colombiano. El diseño de estas políticas deben tomar en consideración la reivindicación de la soberanía alimentaria por parte de los campesinos, el reconocimiento de la economía del pequeño campesinado, la condonación de una creciente deuda, mayor acceso a los créditos, concertación de políticas agropecuarias y distribución equitativa de la tierra, cumplimiento de acuerdos del gobierno con el movimiento campesino y garantía de respeto a los derechos humanos.
Otra recomendación es la ampliación de la inspección del trabajo en zonas rurales, convenio 129 de la OIT, y de la justicia laboral. En este punto se propone lograr avances en el fortalecimiento de la institucionalidad pública laboral en el campo, disminuir radicalmente su déficit de trabajo decente, cercano al 90% y la reconstrucción de la sociedad civil en el campo, especialmente sindicatos, entre otras medidas en la que las organizaciones sindicales deben prepararse para jugar un papel sustantivo en el desarrollo rural incluyente, sostenible, con trabajo decente.
