La llegada y expansión de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia ha estado marcada durante décadas por controversias económicas, políticas y sociales. En los años setenta fue vista como una esperanza económica para las regiones rurales del país, en los años ochenta y noventa del siglo xx, y hasta principios del presente siglo, fue cuestionada por su relación con el desplazamiento forzoso y la acumulación de tierra a través de actos violentos. El gobierno de Álvaro Uribe Velez les entregó a los empresarios de la industria del biodiésel la garantía de demanda y compra sin contraprestaciones.

Los vaivenes laborales de esta industria, casi siempre enfrentada a una crisis o a un potencial económico, han sido constantes durante toda su historia en el país; mientras el estado ayuda a consolidar a las empresas y ellas avanzan en la tecnificación del proceso industrial, las condiciones de las y los trabajadores del sector no han visto mayores mejorías en las últimas dos décadas.

Prácticas como la deslaboralización y tercerización laboral fueron tan endémicas en todo el sector que, como parte del proceso de ratificar el TLC entre Colombia y los Estados Unidos, en abril de 2011, los dos entonces presidentes, Juan Manuel Santos y Barack Obama, firmaron el Plan de Acción Laboral (PAL) que incluyó 37 medidas sobre 10 temas, todos enfocados en mejorar la protección de las y los trabajadores colombianos y garantizar muchos de los derechos laborales fundamentales, los cuales, hasta entonces habían sido burlados por muchos empresarios presentes en el país.

En los años posteriores, a pesar de numerosos cambios legislativos y el aumento sustancial del presupuesto del Ministerio de Trabajo (vea: CUT, et al., 2014; ENS, 2015), tanto para contratar inspectores como para reorganizar su estructura institucional y volver más transparente y sistemático sus operaciones, la presión ejercida por el Estado sobre los empresarios del sector de palma, para que estos cumplieran con las leyes laborales y dejaran de practicar la discriminación sindical, no fue suficiente y, más allá de algunos procesos parciales de formalización laboral, sobre todo en ciertas empresas en la zona central del país (Palmas del Cesar, Palmas de Monterrey y, más recientemente, Indupalma), la precariedad e inestabilidad laboral siguen siendo el pan de cada día para la mayoría de los miles de trabajadores que desempeñan actividades en este sector.

La visión aplicada a esta industria es aún arcaica, aunque ella está cada vez más conectada a las necesidades del mercado mundial y de la cadena global de suministros, donde esforzarse para reducir los costos laborales ignora que el proceso de producción se debe basar no solo en los costos sino también en los estándares de calidad, además de cumplir con estándares sociolaborales que perciben a los trabajadores como personas con derechos (Barrientos et al., 2011: 322; Trienekens, 2011).

Este informe presenta los principales hallazgos de este estudio diagnóstico y ofrece algunas reflexiones y sugerencias acerca de cómo las organizaciones sindicales de este sector pueden avanzar en presionar por mejoras concretas y sistemáticas en las políticas empresariales y del sector en su conjunto en el tema de la salud integral de sus trabajadores.