No podemos seguir el camino hacia el abismo
Hace unas semanas, Fedesarrollo hizo públicas sus propuestas para una nueva reforma laboral y pensional, para, según ellos, mejorar el empleo y garantizar las pensiones de los colombianos.
Las propuestas se centraron en que no sea obligatorio incrementar el salario mínimo cada año. En otras ocasiones han pedido que no exista salario mínimo, que se desmonten los parafiscales que sirven para financiar las Cajas de Compensación Familiar, el SENA y el Instituto de Bienestar Familiar, y adicionalmente que la edad de jubilación se incremente e iguale entre hombres y mujeres a los 65 años.
En gracia de discusión, el país debe revisar los costos y la eficiencia del sistema de compensación familiar y evaluar qué cambios se le pueden introducir. También es necesario discutir la edad de jubilación de las mujeres, reconociéndoles el trabajo del cuidado que realizan y que no es contabilizado y mucho menos remunerado. Pero esta propuesta no resuelve el problema estructural del acceso de los trabajadores a una pensión. Y en materia salarial, es necesario construir una política salarial más allá del mínimo legal, salarios profesionales, salarios por categorías de empleo, etc. Pero en ningún caso se podría aceptar una fórmula de congelación de salarios, entre otras cosas porque sería contraria a la Constitución y, sobre todo, porque no aumentar el salario de los trabajadores es un golpe para la vida de una familia, es la reducción de sus posibilidades.
Todo esto, claro está, con otro enfoque y otro objetivo: crear condiciones de trabajo decente para todos los trabajadores, y no con el enfoque que hemos ensayado por casi tres décadas, que es reducir costos laborales y precarizar las condiciones de trabajo.
Por eso pensamos que no se puede seguir viendo al trabajo como un costo, e ignorar la situación de millones de trabajadores. Es increíble que después de dos reformas laborales y pensionales se busque otra con el mismo objetivo. ¿Cuáles fueron los resultados? Se ha generado un desempleo estructural mayor del 12%, una informalidad del 58% y las dos terceras partes de los trabajadores están sin protección social.
Cabe la pregunta: ¿por qué los empresarios aspiran a más, después de siete años de grandes ventajas zonas francas, contratos de estabilidad jurídica, Agro Ingreso Seguro para grandes empresarios del campo, cerca de 27 billones de pesos en exenciones y beneficios tributarios en los últimos 4 años? ¿Será que esta reforma laboral y pensional que están solicitando es el costo para apoyar la reelección? ¡Qué falta le hace al país que el conjunto del empresariado esté comprometido con la responsabilidad social! Responsabilidad que empieza porque las empresas busquen también buenos resultados para sus trabajadores.
Basta mirar unos cuantos indicadores para ver los contrastantes resultados de esta carrera hacia el abismo que nos proponen. Somos el segundo país de América Latina, después de Puerto Rico, en dar facilidades para hacer negocios. Triste liderato; parecido y en algo relacionado con ser el país más peligroso del mundo para ser sindicalista. De otro lado, somos el séptimo país en América Latina en índice de oportunidades para las personas, el noveno en desarrollo humano y el tercero en línea de pobreza (1,25 dólares por día, unos $2.300, lo que valen 33 minutos en un parqueadero en Bogotá), y el primero en desigualdad.
Sería conveniente ensayar por unos años otra política laboral. Las tres centrales sindicales colombianas presentaron hace varios meses un conjunto de propuestas para reactivar la economía, generar empleo y proteger los desempleados. Nadie las escuchó. Los medios casi nada reportaron. El gobierno se negó a discutirlas. Y los empresarios aprovecharon para formular su nuevo pliego. Otra oportunidad perdida para cambiar de rumbo.
